PODER

(Dos amigos hablando de superpoderes)

–Yo cago unas mierdas como el soplao de un picador.

–Pero tío… eso no es un poder.

–Ya… pero hay que poder…

–Sí, eso sí…

(Ernesto Sevilla, monólogo de El Club de la Comedia)

Me venía este monólogo a la mente tras ver la disputa por la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Asunto aparcado tras el intento de control del órgano por parte del gobierno ante el correctivo de la UE.

Verán, la UE tiene unas normas, que entre otras establece que el CGPJ, que tiene 20 integrantes, ha de nombrar sus miembros al menos en un 50% por los propios jueces, en función de los criterios que ellos mismos establezcan. Lo habitual en otros países es que sea el 60%.

Es decir, que lo normal en Europa es que 12 miembros del CGPJ sean nombrados por los propios jueces y 8 por el Parlamento nacional. La UE aspira a que en España sea igual que en el resto de Europa.

Sin embargo, aquí los 20 miembros son nombrados todos por el Parlamento. Eso sí, mediante un acuerdo que precisa de los 2/3 de este. O sea, que los partidos principales, PP y PSOE, tienen que ponerse de acuerdo.

Casi ná.

Como estos no se ponen de acuerdo ni para ir a cobrar una herencia, así nos luce el pelo.

Visto el bloqueo actual, el PSOE y Podemos, en lugar de aplicar la normativa Europea, decidieron en su día escoger la dirección contraria. O sea, intentaron cambiar la norma para que los miembros del CGPJ fueran nombrados por el Parlamento, como ahora, pero no mediante la mayoría reforzada actual de los 2/3, sino simplemente por mayoría absoluta. La mitad más uno de los parlamentarios. En la práctica eso deja fuera a la mitad de los parlamentarios, o sea, a la mitad de los representantes de unos cuantos españoles. De paso, dejan fuera a todo el poder judicial, a quien el PSOE no quiere dar vela en este entierro, pues supondría una pérdida de poder.

El PP dice que no, que se aplique lo que dice Europa. Y ahí sigue el asunto bloqueado. El PSOE, como no se ha salido con la suya, pues ha congelado la renovación y lo está dejando morir para meter presión al PP, que en la calle ha quedado como el cabezota de la ecuación.

No es un asunto menor, pues el Estado tiene tres poderes, como toda democracia que se precie. El Legislativo (Parlamento), el Ejecutivo (Gobierno) y el Judicial.

El judicial se distingue de los otros dos por varios motivos, pero quizá el principal sea que todos sus miembros han estudiado. Algo que no ocurre necesariamente en los otros dos poderes, y casi mejor no citar ejemplos. Y el gobierno actual, obsesionado con el control, no puede dejar que los jueces sean, de forma libre y efectiva, el tercer poder.

Como en toda democracia que se precie.

Hay que fijarse bien en los detalles. Los jueces no gobiernan. No dictan leyes. Únicamente se limitan a interpretar las que aprueba el Parlamente, luego son un control efectivo de la actuación política. El Parlamento es libre de cambiar cualquier ley, y los jueces tendrán que hacer que se cumpla. Pero muchas veces las leyes están sujetas a interpretaciones, y muchas veces hay leyes en vigor que no ha aprobado el gobierno de turno, sino otro anterior, y también los jueces han de velar por que estas se cumplan. Y las interpretaciones del gobierno no siempre coinciden con las de los jueces. Que, como dije antes, han estudiado.

Un ejemplo sería la tan traída y llevada Ley de Sanidad, que es de 1981. O sea, aprobada por el primer gobierno democrático de Suárez, y que ha de ser respetada. Como tantas otras.

El gobierno actual haría bien en escuchar lo que establece la UE, que al fin y al cabo son nuestros socios, esos que de vez en cuando aprueban que se manden perras a los países en problemas por diversos motivos.

Este es un asunto de Estado, y por tanto haría bien en plantearse que los asuntos de Estado han de ser tratados entre partidos de Estado. Y de momento, los que han gobernado son los que son.

Pero hoy en día, cualquier planteamiento gubernamental pasa por llegar acuerdos con cualquiera, menos con el otro gran partido de Estado, sin perjuicio de que otros también puedan serlo.

Es una anomalía democrática que tal vez tenga su origen en la infausta guerra civil que, por lo que se ve, algunos periféricos están encantados con revalidar de forma permanente porque les otorga aquello que se indica en el título del presente escrito.

Poder.